Un Futuro Inteligente para el Proceso Penal
de Costa Rica

La articulación entre el sistema judicial, proceso penal, tecnología e inteligencia artificial (IA), ya no se percibe en un marco etéreo con chispas futuristas; pues han sido realidades que se han venido acompañando bajo la consigna de una más eficiente administración de justicia. El reto está en su equilibrio con los derechos y garantías de un estado democrático.

El leitmotiv mundial viene girando en torno a una estructura bidireccional: las maravillas de y los temores hacia: la IA. Frente a esto, debemos reconocer la necesidad de mantener un diálogo multidisciplinar abierto; así como, evidenciar los espacios de regulación que necesitaremos en el sistema judicial y concretamente en el proceso penal.

Algunos usos tecnológicos en el sistema judicial costarricense

El Poder Judicial ha venido implementado diversas tecnologías, buscando con ello acercarse lo más posible a ese ideal de justicia pronta y cumplida. Algunos ejemplos de estas herramientas son:

• Nexus PJ, con la cual es posible realizar en segundos, búsquedas de jurisprudencia, circulares, actas, etcétera.
• Las audiencias orales por medio de videoconferencia (en buena parte alentadas por las repercusiones del confinamiento).
• Recientemente, el Organismo de Investigación Judicial, ha hecho público su nuevo proyecto: SUPERCOP (Sistema Único Policial Especializado en la Resolución de la Criminalidad Común, Organizada y la Prevención), mediante la integración de sus sistemas y plataforma de información.

Una mirada a otros países

En un recuento más que somero sobre las aplicaciones de IA en las jurisdicciones extranjeras, vemos una variedad dirigida no simplemente a ser una herramienta que socorre en la eficiencia de los despachos, sino más bien en alguna medida, a ser un instrumento cuasi aparejado a las tradicionales labores judiciales y policiales:

• COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), utilizado en Estados Unidos. Se basa en el procesamiento algorítmico de datos, prediciendo el riesgo de reincidencia delictiva, lo cual incide en la prisionización.

Este sistema ha sido cuestionado por sesgos racistas, fomentar la criminalización de la pobreza, errores de falsos positivos, etcétera; sin que la configuración de su algoritmo sea del todo transparente al escrutinio de la ciudadanía; justificándose su no divulgación, en una posible violación a derechos de autor y secreto comercial (cfr., las publicaciones de la Escuela de Derecho de Yale y de la Universidad de California –UCLA-).

• HART (Harm Assessment Risk Tool), del Reino Unido; es una herramienta de análisis de datos y predicción delictiva similar a COMPAS. Podría decirse que es un mecanismo de clasificación entre personas potencialmente “peligrosas” y quienes no lo son (cfr., la publicación de la Universidad de Cambridge).
• VeriPol y VioGén; implementadas en España, las cuales respectivamente, se utilizan para determinar la veracidad de las denuncias, y para predecir riesgos en casos de violencia de género.
• A nivel latinoamericano, está PROMETEA, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Según predican sus creadores: “Predice la solución a un caso judicial en menos de 20 segundos, con una tasa de acierto igual o superior del 90%” (cfr., la publicación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina).

¿Cómo abordar inteligentemente la IA desde el proceso penal?

La tecnología no deja de llamar a la puerta. Ese constante toc toc, debe alertarnos el sentido crítico para fomentar el diálogo y marcar interrogantes. No se trata de perseguir retrógradamente con palos y antorchas la tecnología, sino de equilibrar una creación humana con lo humano.

Debemos participar en este diálogo y reconocer los retos para el proceso penal costarricense: ¿cómo seguir tutelando los derechos y garantías del debido proceso? ¿Cómo abordaremos la privacidad y tratamiento de datos? ¿Cómo mantener la vigilancia sobre la rendición de cuentas, transparencia, seguridad y fiabilidad de los sistemas? Y la lista de preguntas es interminable.  

En este diálogo abierto, Velasco Núñez nos recuerda: “(…) el derecho procesal penal deberá axiologizar, para dotar de regulación, el uso por la IA como fuente principal de trabajo, por un lado, de los datos tecnologizados y, por otro, los algoritmos o programas que los tratan (…)” [Velasco Núñez, E. (2022). Inteligencia Artificial: Aspectos Penales y Procesales. En Peralta Gutiérrez, A., et al (coords). El Derecho y la Inteligencia Artificial. Universidad de Granada, p. 522].

Afortunadamente, para estas discusiones se han venido trazando algunas líneas. En la Comisión Europea, se han gestado las Directrices Éticas para una IA Fiable; la labor ha sido continua e inclusiva para sectores estatales y privados, teniendo como centro indiscutible al ser humano; y resaltando los principios de: intervención y supervisión humanas, privacidad y gestión de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, entre otros.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), adoptó el acuerdo mundial: Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial; la cual tiene dentro de sus objetivos: “(…) poner los sistemas de IA al servicio de la humanidad (…)”.

Quizá estas reacciones e iniciativas nos puedan generar pistas para abordar de forma inteligente estos retos. No podemos aislarnos de la tecnología, pero sí podemos hacer de la tecnología una aliada del estado democrático.

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